El geólogo Osiris de León y el ambientalista Luis Carvajal coincidieron en que el contrato entre el Estado y la Barrick Gold constituye un regalo del patrimonio común como son los bienes del subsuelo de la nación, ya que si al 2015 cuando iniciará la rentabilidad para el país, el precio del oro se cae, la empresa podría cerrar sus operaciones.
En este caso se explotará oro, plata, zinc y cobre. De León afirmó que esa es la mayor preocupación de ese contrato, enmienda por la cual el Estado dejará de percibir US$200 millones al año.
En este caso se explotará oro, plata, zinc y cobre. De León afirmó que esa es la mayor preocupación de ese contrato, enmienda por la cual el Estado dejará de percibir US$200 millones al año.
El geólogo Osiris de León y el ambientalista Luis Carvajal coincidieron en que el contrato entre el Estado y la Barrick Gold constituye un regalo del patrimonio común como son los bienes del subsuelo de la nación, ya que si al 2015 cuando iniciará la rentabilidad para el país, el precio del oro se cae, la empresa podría cerrar sus operaciones. En este caso se explotará oro, plata, zinc y cobre.
De León afirmó que esa es la mayor preocupación de ese contrato, enmienda por el cual el Estado dejará de percibir US$200 millones al año que suman RD$42,000 millones en los primeros seis años.
Apuntó que si se hubiesen mantenido las condiciones del contrato como se acordó en el 2002 que se estableció una renta para el Estado entre 5 y 25%, recibiría unos US$8,000 millones, tomando como referencia que el oro tiene un precio actual de 1,120 dólares la onza en el mercado de Londres.
De León rechazó el argumento de la minera de que esas facilidades se otorgan a las empresas de esa naturaleza, tras recordar que la Falconbridge opera con beneficios en partes iguales con el Estado, independientemente de los precios del níquel.
Recordó que cuando esta minera lo hacía en base a la renta siempre declaraba pérdidas y no entregaba nada al Estado, por lo que el ex presidente Joaquín Balaguer, presionó y logró un nuevo acuerdo para mayores dividendos.
Colonialismo De León apuntó que la Ley Minera establece que el Estado es dueño de los bienes del subsuelo, es decir el pueblo, a quien no se consultó si estaba de acuerdo con ese contrato que cede recursos privilegiados porque no hay otro país en la región que tenga tanto potencial minero como este. “Esa renegociación se está haciendo con un criterio colonialista medieval.
Los funcionarios del Gobierno han cruzado los brazos ante esta gente y han aceptado lo propuesto. Es como si estuviéramos en 1492”, dijo.
Colonialismo De León apuntó que la Ley Minera establece que el Estado es dueño de los bienes del subsuelo, es decir el pueblo, a quien no se consultó si estaba de acuerdo con ese contrato que cede recursos privilegiados porque no hay otro país en la región que tenga tanto potencial minero como este. “Esa renegociación se está haciendo con un criterio colonialista medieval.
Los funcionarios del Gobierno han cruzado los brazos ante esta gente y han aceptado lo propuesto. Es como si estuviéramos en 1492”, dijo.
Un acuerdo no amigable al ambiente
Luis Carvajal consideró como muy lesivo y violatorio a la ley ambiental el acuerdo de explotación minera de la Barrick, puesto que es la empresa que le aprobará el plan de manejo ambiental al Estado cuando debe ser al revés.
Calificó como insólito este precedente, tras considerar que este sería el único país del mundo que suscribe un contrato de esa naturaleza.
Cuestionó además como un Estado se puede desprender de su patrimonio a cargo de nada.
Cuestionó además como un Estado se puede desprender de su patrimonio a cargo de nada.
Con relación al “aporte” de US$37.5 millones que ha anunciado la Barrick para remediar el pasivo ambiental dejado en la mina por la antigua Rosario Dominicana, Osiris De León sostuvo que no es más que un “espejismo”.
Explicó que el contrato establece que la minera invertirá hasta un tope de US$37.5 millones por igual cantidad que invierta el Estado en recuperación del ambiente.
El Estado también se comprometió a asumir el manejo ambiental externo, a terceros y en el subsuelo de la planta, por lo que cualquier filtración de ácido a lo interno y que llegue a las fuentes de aguas cercanas deberá costearla.
“El Estado está asumiendo un compromiso que no va a poder cumplir y eso es lo preocupante.
El estado dominicano no invierte recursos económicos en reparar daños ambientales. Y ahí está la preocupación del sector ambiental no gubernamental”, declaró De León, tras plantear que ese contrato debe ser llevado a los tribunales buscando su nulidad.
El estado dominicano no invierte recursos económicos en reparar daños ambientales. Y ahí está la preocupación del sector ambiental no gubernamental”, declaró De León, tras plantear que ese contrato debe ser llevado a los tribunales buscando su nulidad.
Publicado por el periódico HOY
0 comments
Publicar un comentario